Institución permitirá contratación directa, por ser problema de salud pública y la necesidad de resolverlo en corto plazo.
Ente contralor dio visto bueno a procedimiento de contratación directa, en vista de orden de Sala Constitucional
Autorización tiene vigencia de 3 meses
La Contraloría General de la República (CGR) autorizó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA) contratar los trabajos necesarios, para remover el arsénico del agua. La problemática afecta desde hace 2 años a comunidades de Guanacaste y la zona norte.
La División de Contratación Administrativa de la Contraloría permitió que se realice un concurso para el “diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y transferencia tecnológica de siete sistemas de remoción de arsénico”, por un monto de ¢1.000 millones. El proceso será mediante una contratación directa.
La institución concedió el permiso mientras se concluye el trámite de aprobación del presupuesto extraordinario del AyA. Según la entidad Acueductos “cuenta con la seguridad de que oportunamente dispondrá de la respectiva asignación presupuestaria”. Pero a la vez alerta de que el cartel de contratación debe advertir que depende del contenido presupuestario.
La directriz de la CGR fue dirigida a la Gerencia General del Instituto, a inicios de esta semana. Según el oficio, el AyA realizó la petición el 24 de julio de este año. La justificación del proceso es que más de 10 comunidades siguen recibiendo suministro de agua con niveles de arsénico mayores al permitido. En ese momento, la institución estimó necesario ¢1.000 millones para el proyecto a ejecutar.
Menos tiempo, para cumplir sentencia de la Sala
Vecinos de Guanacaste, reciben agua con un camión cisterna, pues a sus casas llega agua contaminada con arsénico. CRH.
La Contraloría valoró la petición por la necesidad de acortar los plazos de contratación, debido al fallo de la Sala Constitucional, que dictó un plazo de 6 meses para que el AyA resuelva el problema con el arsénico. El Instituto pidió realizar un procedimiento que cuente con la mayor participación de oferentes, pero con los plazos más cortos.
Según el ente contralor “el detonante en este caso radica en que (…) constituye un problema de salud pública, que precisamente por el riesgo en que se encuentra la población afectada evidentemente genera una lesión al interés público, razón por la que corresponde acudir a un procedimiento de excepción que permita atender dicha necesidad en forma oportuna”.
Además la entidad contralora autorizó el inicio del procedimiento sin contar con el respectivo contenido presupuestario. Este detalla que se concedió porque según los plazos estimados, el concurso se adjudicaría a finales de noviembre, por lo que se cancelaría al menos la primera etapa de la contratación.
“Cabe destacar que es deber de la Administración verificar que se cuente oportunamente con el contenido presupuestario para amparar la contratación, aspecto sobre el cual debe poner especial diligencia”, concluyó el informe.
Fuente: Crhoy
